El lunes 21 de febrero, la Sala Penal de la Corte, despenalizó el aborto hasta la semana 24, como respuesta a la demanda realizada en el 2020, por Causa Justa (movimiento conformado por distintas agrupaciones que luchan por los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general).
Dicha demanda se hace bajo la convicción de no usar el derecho penal para este tipo de procesos, sino enfocar esos recursos y esfuerzos en promover más y mejores políticas de salud que contribuyan a prevenir las muertes y complicaciones por abortos inseguros y el embarazo no deseado, así como programas de educación sexual integral, información, acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos.
De igual forma, hacen el llamado a que el aborto se debe eliminar del Código Penal porque es injusto con las mujeres más vulnerables, ineficiente y violatorio de los derechos de las mujeres y del personal de salud.
Todo esto, enmarcado en el informe ‘La criminalización del aborto en Colombia’, realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres en el 2021, donde se expresa que la mayor parte de las mujeres que son procesadas por lo que fuere este delito, son adolescentes y niñas en situación vulnerable, significando así el 12,5% de los casos en proceso de judicialización.
De hecho, los departamentos de Caldas, Boyacá, Santander, Tolima y el Norte de Santander, son los que tienen mayor porcentaje en procesar condenas por aborto.
Conforme a esta demanda, el magistrado Antonio José Lizarazo presento una ponencia donde expresa que "no resulta claro que la actual forma de penalización de la conducta sea efectivamente conducente para la consecución de aquellos fines, en particular el de prevención general, como sí es evidente la intensa afectación que produce en los derechos a la salud, los derechos reproductivos y la libertad de conciencia a que se ha hecho referencia".
Dado todo este proceso, finalmente la sentencia fue emitida e indica que la despenalización del aborto, abarca:
- La divulgación clara de las opciones disponibles para la mujer gestante durante y después del embarazo.
- La eliminación de cualquier obstáculo para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos que se reconocen en esta sentencia.
- La existencia de instrumentos de prevención del embarazo y planificación.
- El desarrollo de programas de educación en materia de educación sexual y reproductiva para todas las personas.
- Medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, entre otras.
- Medidas que garanticen los derechos de los nacidos en circunstancias de gestantes que desearon abortar.
Sí eventualmente, estando dentro de las 24 semanas una IPS o EPS se niega a realizar la IVE de forma libre (sin causales), se podría acudir ante los jueces por medio de acción de tutela para que el derecho sea protegido y se ordene la práctica de la IVE.
No obstante, la Corte también hizo un llamado al Congreso y al Gobierno Nacional para que, "sin perjuicio del cumplimiento inmediato de esta sentencia y, en el menor tiempo posible, formulen e implementen una política pública integral, incluidas las medidas legislativas y administrativas que se requiera, según el caso”.
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